Una mujer que tenía pedido de captura nacional e internacional en el marco de la causa iniciada tras el asesinato de cinco personas durante un enfrentamiento barrial en un predio tomado de la localidad bonaerense de González Catán, registrado el pasado domingo, fue detenida este jueves en la localidad de San Justo, partido de La Matanza.
Se trata de Juana Correa Villalba, de 43 años y de nacionalidad paraguaya, quien era buscada a pedido del fiscal que dirige la investigación, Carlos Arribas, y fue localizada por la policía en las calles Ocampo e Irigoyen, de San Justo.
Esta registrada en los rubros de peluquería de la AFIP, con domicilio en la zona de Pontevedra, antes vecina de un asentamiento en Rafael Castillo. Su nombre apareció con fuerza las primeras horas de la investigación, Así, ordenó allanarla y se incautó su camioneta en la madrugada de hoy. También allanaron a Emanuel Lugo, alias “Juanito”, marido de Correa Villalba. Tres familiares directos de la pareja fueron el blanco de varias redadas. Por lo pronto, Juana no tiene un pedido de captura en su contra. Así lo informo M1.
La actual toma era incluso investigada por la UFI N°2 de La Matanza, con una causa originada el año pasado por el delito de usurpación de inmueble. En este expediente, se encontró imputada Correa, que habría ocupado el terreno con una organización delictiva para luego lotearlo y venderlo.
Estos sospechosos, según detectives de la Bonaerense, “amedrentan a los vecinos para facilitar los pagos de las ventas y despojar en varias oportunidades de la tierras ya que son vendidas en varias ocasiones a diferentes dueños”. Es decir, después de pagar, les quitan las tierras de vuelta bajo amenazas, un clásico del hampa inmobiliaria. Incluso, los forzarían a pagar una conexión ilegal a la luz.
Los vecinos se habían reunido en el predio el domingo para ver la posibilidad de comprar estos terrenos usurpados, lo que representaría un delito de estelionato, es decir, vender una cosa ya vendida o que no le pertenece al vendedor. Muchos ya habrían pagado, con valores de 500 mil pesos por un terreno de 12 por 30 metros.
La hipótesis del fiscal Arribas apunta a que los usurpadores del terreno llevaron pistoleros para cubrirse. Algunos asistentes a la reunión, posibles compradores, también habrían ido armados. La reticencia de los testigos para declarar, aseguran investigadores, fue notable.
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